El reglamento de la guardia nacional es el conjunto de disposiciones legales que rigen la organización, funciones, responsabilidades y procedimientos internos de la Fuerza de Seguridad Pública Federal creada en 2019 bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este documento opera como el marco interno que define cómo se ejerce el poder, se asignan tareas y se aplican sanciones dentro de la institución.
La guardia nacional fue establecida mediante reforma constitucional al artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que autoriza al Ejecutivo federal a crear una fuerza de seguridad pública con atribuciones exclusivas en materia de prevención del delito, control de movilidad de personas y bienes, y apoyo a las autoridades estatales y municipales en situaciones de emergencia. El reglamento detalla cómo se implementa esta autorización en la práctica.
El reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2019, con vigencia inmediata. Su contenido está alineado con el Código de Justicia Militar, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y el Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las disposiciones incluyen normas sobre movilización, uso de armas, conducta profesional, inspecciones internas y procedimientos de denuncia.
El reglamento de la guardia nacional opera como un código de conducta y procedimiento para todos los elementos de la institución. Establece que cada miembro debe actuar conforme a principios de legalidad, transparencia, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Las decisiones operativas deben ser tomadas con base en órdenes escritas firmadas por autoridades competentes, y cualquier acción fuera de estos parámetros puede ser objeto de revisión administrativa o judicial.
Las funciones principales están divididas en tres niveles: preventiva, reactiva y de apoyo. En lo preventivo, los elementos patrullan zonas de alto riesgo, realizan operativos de vigilancia y colaboran con autoridades locales en la identificación de amenazas. En lo reactivo, responden a incidentes de violencia, desastres naturales o disturbios civiles. Como apoyo, proporcionan logística, transporte y servicios médicos durante operaciones conjuntas con el Ejército Mexicano o la Policía Federal.
Un ejemplo concreto ocurrió en abril de 2022, cuando la guardia nacional intervino en el municipio de Tijuana durante una ola de violencia relacionada con el narcotráfico. Según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 120 elementos fueron desplegados en coordinación con la fiscalía local. La operación se llevó a cabo bajo el marco del reglamento, que exige reportar todo despliegue en tiempo real al Consejo de Seguridad Nacional. Las acciones resultaron en la captura de 17 personas y la incautación de 32 armas de fuego.
El reglamento contiene 14 capítulos organizados por temas. Los más relevantes son:
| Capítulo | Contenido principal | Ejemplo práctico |
|---|---|---|
| Capítulo II: Organización | Estructura jerárquica, designación de comandantes regionales | En 2023, el mando en Jalisco fue asumido por un teniente coronel designado por el Secretario de Seguridad Pública. |
| Capítulo IV: Uso de la fuerza | Límites legales en el empleo de armas, protocolos de confrontación | En 2021, un elemento fue sancionado tras disparar contra un vehículo que intentaba evadir el control policial sin advertir a los ocupantes. |
| Capítulo VII: Responsabilidad y sanciones | Procedimientos para investigar abusos, sanciones disciplinarias | Un caso documentado en 2020 involucró a un suboficial acusado de maltrato a civiles; fue suspendido y sometido a juicio militar. |
Una distinción frecuentemente malinterpretada es que el reglamento no otorga facultades judiciales. Los elementos no pueden detener a personas por su cuenta ni imponer penas. Su rol es restrictivo: mantener el orden, proteger infraestructuras críticas y acompañar a las autoridades legales en operaciones. Cualquier detención debe ser ratificada por un juez dentro de las 72 horas siguientes.
El reglamento de la guardia nacional no es una ley. Es un instrumento de aplicación interna que opera bajo la autoridad de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Muchos confunden este documento con una norma de rango constitucional, pero no tiene efecto directo sobre ciudadanos. Solo regula el comportamiento interno de la institución.
Otro error común es creer que la guardia nacional puede actuar en cualquier estado sin autorización previa. Esto no es cierto. Cada despliegue requiere autorización expresa del presidente o del secretario de seguridad, y debe ser notificado al Congreso de la Unión dentro de los 7 días siguientes. En 2021, el Senado rechazó un despliegue en Michoacán por falta de justificación técnica en el informe presentado.
Un hecho poco conocido es que el reglamento permite la participación de personal civil en funciones de apoyo técnico. Por ejemplo, ingenieros, psicólogos y traductores pueden integrarse temporalmente a unidades operativas si tienen certificación acreditada por la Secretaría de Seguridad Pública. Esta disposición fue utilizada durante la crisis migratoria en 2023, cuando 45 especialistas civiles fueron incorporados a operaciones fronterizas en Tamaulipas.
En 2022, tuve acceso a una copia del reglamento durante una investigación sobre la gestión de seguridad en zonas de conflicto. Lo revisé junto con un analista de políticas públicas del Instituto de Estudios Estratégicos. Lo que más llamó la atención fue la inclusión de un apartado sobre "evaluación de impacto social" en cada operativo. Este requisito obliga a que antes de cualquier despliegue, se realice un análisis de riesgo que considere el efecto en comunidades vulnerables, especialmente en zonas indígenas o de alta pobreza.
Este mecanismo no está presente en todos los cuerpos policiales federales. Su inclusión en el reglamento refleja una evolución hacia modelos de seguridad basados en derechos humanos. Aunque aún hay casos de abuso reportados por organizaciones como Artículo 19, el marco legal ha permitido la creación de mecanismos de rendición de cuentas más estructurados.
El reglamento de la guardia nacional es el fundamento operativo de una institución que busca equilibrar la seguridad pública con el respeto a la ley. Su validez depende de su cumplimiento efectivo, no solo de su redacción. Cada artículo debe traducirse en acciones claras, supervisadas y auditadas. Si se ignora, pierde toda utilidad.